Una ponencia del Jueves 10, Audiencias Públicas

Sabemos que desde épocas de la dictadura militar sangrienta nos rige una norma que regula los medios de comunicación. Desde 1980 para ser exactos. Esa norma permitió que se genere un monopolio de la información. Si hay una única voz no se permite el disenso. El tiempo fue pasando y llegamos al año, 1983 conquistamos nuevamente la democracia. Sin embargo y a pesar de numerosos esfuerzos no se pudo generar una alternativa a tal normativa, a veces por falta de liderazgo político y a veces también por complicidad de ciertos sectores de la política comprometidos con el monopolio que instala candidatos, instala temas, instala prioridades. También, al revés, demoniza al que no se alinea con su línea ideológica, emprende operaciones de prensa, desprestigiando funcionarios, inventando causas de supuesta corrupción sin prueba suficiente, con el sólo peso de los titulares repetidos, en la búsqueda de una judicialización de las relaciones políticas. Es, en el fondo, una demostración de poder. Desde un complejo e intrincado entramado de negocios y asociaciones, cual telaraña, se extiende este poder hasta límites difíciles de creer. Es muy triste que para defender a estas corporaciones, que lo único que han hecho todos estos años es desinformarnos y llenarnos de miedos inexistentes, se apele a frases como libertad de expresión, libertad de prensa, libertades que tenemos todos porque nos lo garantiza la Constitución y Tratados Internacionales. Se busca disfrazar la defensa de intereses corporativos con frases vacías, antes que asegurar el derecho de las personas a la información y a la opinión. Vuelvo un poquito para atrás para recordar que una parte importante de la prensa le sirvió a la dictadura perversa que sufrimos para limpiar su imagen ante el mundo y para legitimar sus acciones de cara a la sociedad. Cuando se acusaba al gobierno de facto de constituir un Estado criminal y torturador, cuando se exigía desde la comunidad internacional el cese de los oprobios que sufría nuestro pueblo, esa parte de la prensa acompañó sin dudar el discurso oficial de que los argentinos éramos derechos y humanos. Es de destacar la importancia del término “derecho humano”, conquista social fundamental que ha ido evolucionando desde los denominados “derechos humanos de primera generación”, que refieren a las libertades individuales. Luego se desarrolla y amplia el concepto, configurando los de “segunda generación”, los derechos humanos sociales, colectivos, no ya solo se refieren a la libertad de una persona, sino a esta persona interactuando con otros: libertades sindicales, de reunión, de asociación, de constituir partidos políticos y participar en la vida de una Nación. Finalmente, los derechos humanos de tercera generación abarcan otras problemáticas que nos atañen como seres humanos: el derecho a un ambiente sano, relaciones de consumo. En estas últimas, nuestra constitución nos da el derecho a una información adecuada y veraz en las relaciones de consumo. Esto también es un derecho humano básico de tercera generación, que recoge la Constitución con la reforma de 1994. Es necesario hacer hincapié en este detalle, no se pueden vulnerar estas conquistas en nombre de la libertad de empresa. Hemos llegado a un punto de inflexión donde están dadas las condiciones para que los argentinos tengamos las leyes que nos merecemos. Hay un Gobierno con voluntad política para posibilitarlo, se han sumado numerosos actores sociales apoyando este proyecto. Se han consultado expertos, el proyecto de ley se ha discutido en foros interdisciplinarios, con participación de los más diversos sectores, a lo largo de seis meses. Sabemos que existen numerosos proyectos de ley, pero han quedado truncos. Algunos ni siquiera tienen estado parlamentario. Hay legisladores que han presentado proyectos porque en algún momento el tema les interesó, pero que con el correr de los años cambiaron sus aspiraciones o ideas y se oponen con fundamentos de endeble sustento, a que este proyecto sea ley. Lo más destacable de este proyecto es como se fue construyendo, desde las bases de la sociedad misma, que tuvieron gran protagonismo, como las Universidades entre otras organizaciones, por lo que tiene un valor superior y permite interpretar que este no es un proyecto del Gobierno, sino que es un proyecto social, colectivo, para mejorar la calidad democrática de la sociedad civil argentina. El que diga que no es el momento se equivoca, hemos esperado 26 años. Es demasiado, ya no podemos seguir tolerando la falta de democracia en los manejos mediáticos. Para construir una sociedad más justa hay en argentina una expectativa de que la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sea una realidad concreta hoy.

Mery

MP